Las empresas tendrán que adaptarse a la nueva normativa en materia de protección de datos de la Unión Europea

La propuesta para una legislación europea más estricta en materia de protección de datos va a obligar a las empresas en toda la UE a reforzar sus procesos de gestión de la información.

Los principales puntos incluidos:

1.    La notificación obligatoria de las brechas de datos. Tanto las autoridades relevantes en protección de datos, como todos los particulares afectados tienen que ser notificados en el plazo de 24 horas acerca de cualquier fallo en la gestión de los datos, incluyendo su destrucción no autorizada o su pérdida. Las autoridades en materia de protección de datos tienen que ser notificadas, incluso en el caso de que no haya habido ningún riesgo de que los datos resultaran dañados.

“La gran cuestión aquí es si la comunidad empresarial querrá o será capaz de auto controlarse”, comenta Toon. “En el caso de que no pudiera, las empresas se verían expuestas a inspecciones regulares por parte de las autoridades oficiales. La definición de ‘brecha’ tendrá también que quedar clara. ¿Dependerá del número de archivos o documentos afectados, por ejemplo, o del tipo de información que ha estado en peligro? Las empresas deberían prepararse para ambas opciones”.
 

2.    Se exigirá el nombramiento de un responsable de protección de datos.  La figura del responsable de protección de datos será obligatoria para todos los organismos públicos y todas las empresas con más de 250 empleados. “Esto podría significar tener que incurrir en costes no previstos, por lo que sería beneficioso para una empresa considerar este punto antes de que la legislación entre en vigor”, aconseja Toon. “El nombramiento de un responsable de protección de datos ya es obligatorio en Alemania. En muchas empresas será suficiente con añadir una responsabilidad más a las que ya tenga un empleado lo suficientemente preparado. Tener un persona específica para tratar la protección de datos es sin embargo la mejor opción y las empresas no deberían esperar a la entrada en vigor de la legislación para avanzar en este punto”.

Penalizaciones significativamente mayores. La legislación propuesta permite a las autoridades legislativas el poder para imponer multas de hasta un millón de euros o, en caso de una empresa, hasta el 5% de sus ingresos globales por año en el caso de incumplimiento de la ley.